El Real Decreto‑ley 8/2026 se sometió a votación en el Congreso el 28 abril, a un día del cierre del plazo legal para su aprobación. El Gobierno lo presentó como respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
El texto prolonga todos los contratos de vivienda habitual que vencen entre el 22 marzo 2026 y el 31 de diciembre 2027, y fija un techo del 2 % en la actualización anual de la renta. Según el Ministerio, la medida cubriría 600 000 contratos que expiran en 2026 y, al incluir los de 2027, alcanzaría a más de un millón de hogares.
Desde su publicación en el BOE, el decreto entra en vigor de forma inmediata, por lo que sus disposiciones ya son de aplicación aunque la convalidación parlamentaria esté pendiente.
