ERE: El juez Vilaplana solicita al TJUE que revise el caso de la supuesta impunidad

"El riesgo sistémico de impunidad atenta contra los intereses financieros de la Unión Europea", señaló Vilaplana en el auto que fundamenta su solicitud. La Audiencia había señalado ya que esa extralimitación podría generar un precedente peligroso para la gestión de fondos comunitarios.

El magistrado también señala que la decisión del Constitucional contradice la reciente Directiva Europea de lucha contra la corrupción y varios convenios internacionales suscritos por España. La normativa europea exige transparencia y publicidad en la concesión de ayudas de Estado, requisitos que el juez considera incumplidos.

Otro argumento clave es la incompatibilidad de la decisión del Tribunal Constitucional con el Régimen Europeo de Ayudas de Estado. El juez sostiene que el Gobierno andaluz nunca informó a la Comisión Europea sobre la existencia del "procedimiento específico", vulnerando la obligación de notificación prevista por la normativa comunitaria.

En un contexto de varios escándalos de ERE, la noticia se enlaza con otras decisiones judiciales, como la de Bimbo prepara nuevo ERE que afecta a 86 trabajadores en España, que muestra la continuidad del debate sobre la legalidad de estas medidas.

Posibles repercusiones y próximos pasos

La Comisión Europea ha advertido que el TJUE no debe convertirse en un "tribunal de supercasación" y ha subrayado que en este caso no hay fondos europeos comprometidos. No obstante, la nueva cuestión prejudicial podría obligar al tribunal a pronunciarse, aunque fuentes jurídicas anticipan una posible inadmisión.

Los expertos consultados indican que, de ser admitida, la cuestión obligaría al TJUE a evaluar la compatibilidad del "procedimiento específico" con la normativa de ayudas de Estado y la Directiva anticorrupción. En caso de inadmisión, la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla quedaría sin efecto y el proceso continuaría en los tribunales nacionales.

Si el TJUE decide intervenir, la decisión tendría repercusiones políticas importantes. Podría reabrir las condenas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron parcialmente amnistiados por el Constitucional, y afectar la credibilidad del sistema judicial español ante la ciudadanía europea.

En cualquier escenario, la iniciativa de Vilaplana marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Andalucía. El caso ERE sigue siendo uno de los mayores escándalos financieros de la democracia española y su evolución será seguida de cerca por la opinión pública y por las instituciones europeas.