Desencriptación parcial
Los peritos del Centro Criptológico Nacional (CCN) y de la Policía han declarado ante el tribunal que, de los 92 archivos cifrados incautados al excomisario José Manuel Villarejo en 2017, solo 44 pudieron ser descifrados. El resto permanece bloqueado, sin que se haya logrado acceder a su contenido.
Los técnicos explicaron que el proceso de apertura se inició en 2018 y alcanzó su último avance significativo en marzo de 2019. Tras ese punto, la falta de resultados y el consumo de recursos obligaron a suspender los trabajos, decisión que se formalizó en febrero de 2020.
Motivos técnicos y cese de la desencriptación
Los archivos estaban protegidos con el software de cifrado TrueCrypt, una herramienta que, aunque accesible para usuarios comunes, no presenta vulnerabilidades conocidas. Ante la imposibilidad de romper la clave mediante métodos convencionales, los expertos recurrieron a la técnica de *fuerza bruta, que consiste en probar sistemáticamente todas las combinaciones posibles.
Según los especialistas, incluso con la potencia de cálculo del CCN, una operación de fuerza bruta podría requerir cientos de años. Ante esa perspectiva, los responsables presentaron al magistrado Manuel García Castellón la recomendación de abandonar la tarea por considerarla inviable y costosa.
Consecuencias y próximos pasos judiciales
La mitad del archivo permanece oculta, lo que limita la evidencia disponible en más de 40 investigaciones que vinculan a la élite política, empresarial y mediática del país. Entre los casos destacados se encuentran procesos que involucran a altos cargos del Gobierno de Rajoy y a la Jefatura del Estado, relacionados con contactos de Villarejo.
El magistrado García Castellón decidirá si autoriza la reactivación de los recursos para intentar una nueva apertura o si el juzgado debe continuar el proceso sin esa información. La decisión afectará directamente la solidez de los expedientes y la capacidad de los fiscales para presentar pruebas concluyentes.
Perspectiva y relevancia para la ciudadanía
El hecho de que una parte significativa del archivo siga sin descifrar plantea dudas sobre la transparencia de las investigaciones en curso y sobre la capacidad del Estado para gestionar pruebas digitales complejas. Los ciudadanos, que siguen de cerca los procesos judiciales contra la corrupción, verán cómo la ausencia de estos datos podría influir en los veredictos finales.
En cualquier caso, la situación subraya la necesidad de contar con recursos técnicos adecuados y de actualizar los protocolos de gestión de evidencia encriptada, para evitar que futuros casos queden atrapados en el mismo callejón sin salida.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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