El Govern de Catalunya ha recibido la convocatoria de 17 jornadas de huelga docente previstas para marzo de 2024, con la exigencia de recursos para una escuela inclusiva que atienda al 35 % del alumnado con necesidades educativas específicas.
Según datos oficiales, ese porcentaje equivale a 335 746 estudiantes entre I‑3 y 4.º de ESO, de los que 43 366 están catalogados como NEE A y el resto como NEE B.
Escuelas inclusivas en Catalunya: huelga docente y demandas de recursos
Los sindicatos han señalado que la falta de personal especializado y la sobrecarga de ratios impiden una atención adecuada. Exigen la incorporación de al menos un maestro de Audición y Lenguaje (MALL) por centro y un aumento del 50 % del personal de apoyo educativo (PAE). Además, solicitan la creación de equipos psicosociales y la presencia de Técnicos de Integración Social (TIS) en todos los centros.
Los docentes argumentan que, sin estos recursos, la normativa de escuela inclusiva se convierte en una carga imposible de cumplir. Piden una reducción de ratios a 15 en infantil y primaria, 20 en ESO y 22 en bachillerato, cifras que consideran mínimas para garantizar una atención individualizada.
División sindical sobre el decreto de escuela inclusiva
Ustec, sindicato mayoritario en primaria, defiende el modelo inclusivo pero insiste en que sea respaldado por recursos suficientes. "Necesitamos un 50 % más de personal especializado para poder desplegar el decreto en condiciones", declaró Patricia Morales, delegada de Ustec.
Por su parte, Aspepc, representante de la enseñanza secundaria, impugna el decreto, calificándolo de "integración forzosa". "No es inclusión, es una estafa que engaña a las familias", afirmó Andreu Navarra, portavoz de Aspepc, añadiendo que la normativa obliga a mezclar a todos los alumnos en una misma aula sin la atención necesaria.
Esta divergencia ha provocado que los sindicatos no alcancen un consenso amplio, manteniendo la movilización activa pese al acuerdo entre CCOO y UGT.
Perspectivas y posibles medidas del Govern
El acuerdo firmado entre CCOO y UGT propone una revisión de los criterios de ratios a partir del curso 2026‑27 y una reducción progresiva según la tipología del alumnado. Sin embargo, Ustec exige que esa reducción sea efectiva ya en el curso 2025‑26.
El Govern ha anunciado la posibilidad de destinar fondos adicionales del presupuesto educativo, aunque aún no se han concretado cifras. Se baraja también la reorientación de recursos de centros con menor demanda para reforzar los institutos con mayor porcentaje de NEE.
Ante la falta de apoyo de la mayoría sindical, es probable que se programen nuevas jornadas de huelga si el Govern no garantiza los aumentos solicitados. La presión sobre la administración regional sigue en aumento, y la cuestión de cómo financiar la inclusión podría pasar a la agenda legislativa nacional.
En conclusión, la disputa entre sindicatos y el Govern sobre la escuela inclusiva no solo afecta a 335 746 estudiantes, sino que también plantea un reto presupuestario y organizativo que definirá el futuro de la educación pública en Catalunya.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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