Fiscalía exige mayor responsabilidad penal en la nueva ley anticorrupción
Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Teresa Peramato, ha remitido al Consejo Fiscal un informe con una lista de mejoras para la nueva Ley de Integridad Pública. El documento, presentado en marzo de 2026, busca reforzar la capacidad sancionadora frente a delitos de corrupción y blanqueo.
El pedido se produce mientras el Gobierno avanza en la tramitación de la ley, que modifica hasta 18 normas diferentes. La Fiscalía valora positivamente la iniciativa, pero considera que aún quedan lagunas que pueden debilitar la efectividad del marco penal.
Principales propuestas de la Fiscalía para la Ley de Integridad Pública
La Fiscalía propone endurecer las penas a personas jurídicas en todos los delitos vinculados a la corrupción, equiparando la sanción por corrupción internacional a la del cohecho. "Las empresas deben pagar tanto corruptos como corruptores", afirma Peramato.
Se solicita ampliar la prohibición de contratar con el sector público a delitos como prevaricación administrativa, fraudes y negociaciones prohibidas a funcionarios. La medida, según la Fiscalía, desalienta la comisión de conductas delictivas al eliminar la posibilidad de beneficiarse de contratos públicos.
