Aprobación del anteproyecto
El 17 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, la iniciativa estrella del plan anticorrupción del Ejecutivo. La norma busca reforzar el marco jurídico frente a la corrupción política y económica en todas las administraciones públicas.
Medidas clave y primeras objeciones
El proyecto incluye 84 medidas que modifican 18 leyes, entre ellas seis orgánicas. Destaca la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una oficina de conflictos de intereses y una autoridad protectora del informante para salvaguardar a quienes denuncien irregularidades.
Entre las novedades, se establece una "lista negra" de empresas corruptoras y se endurece la financiación de partidos, obligando a escrutar donaciones superiores a 2 500 euros. En el ámbito penal, se amplían los plazos de prescripción y se aumentan las penas de inhabilitación para contratar con la administración.
En contratación pública, el registro de empresas prohibidas de acceder a licitaciones será público y se mejorará la información disponible. La reforma también obliga a que la transmisión de participaciones sociales se realice mediante documento privado con firma electrónica e inscripción en el Registro Mercantil.
