Denuncia de ocupación ilegal
Manuel Riobó, propietario de una vivienda y un garaje en la zona de O Con, Moaña, ha presentado una demanda de desahucio por precario contra el exnovio de su hija, quien ocupa ambos inmuebles sin contrato ni licencia. La denuncia se interpuso en el Juzgado de Cangas el 2 de abril de 2025 y se basa en la falta de derecho del ocupante para permanecer en la finca. "Vivo un calvario porque no puedo recuperar mi propiedad", afirma Riobó, que asegura haber solicitado en varias ocasiones la desocupación voluntaria sin éxito.
Proceso judicial y falta de licencias
La vista del caso está prevista para octubre de 2025; el ocupante ha renunciado a su abogado y ha pedido uno de oficio para ganar dos meses más. Además de la demanda de desahucio, el ocupante enfrenta otros dos procesos: uno por amenazas y daños derivados de una discusión y otro por violencia de género, que ya llegó al Juzgado número 2 de Cangas sin que se haya dictado orden de alejamiento. En septiembre de 2025, Riobó solicitó al Concello de Moaña el cierre del negocio de lavado de coches que opera en el garaje, alegando la ausencia de licencias de apertura y de actividad. La administración local no ha intervenido, argumentando que el caso está judicializado, aunque la competencia para el cierre corresponde al Concello.
Posibles desenlaces y repercusión local
Si el juzgado falla a favor de Riobó, el ocupante deberá desalojar la vivienda y el garaje, y el negocio de lavado de coches será clausurado. La sentencia serviría de precedente para que el Concello actúe con mayor rapidez contra ocupaciones ilegales y negocios sin licencias en la comarca. El propietario también ha subrayado que el ocupante no se encuentra en situación de vulnerabilidad social ni económica, pues trabaja desde hace años y dispone de recursos para adquirir o alquilar otro inmueble.
Impacto en la comunidad
El caso ha reavivado la sensibilidad de los vecinos de Moaña, que llevan meses protestando contra la okupación de viviendas en la zona, como el caso de la calle Méndez Núñez. Una resolución judicial favorable a Riobó podría impulsar una política municipal más firme y la creación de protocolos de actuación más ágiles. En cualquier escenario, la decisión judicial será observada de cerca por asociaciones de propietarios y por la propia administración local, que deberá equilibrar la defensa de la propiedad privada con la gestión de los recursos municipales.
Próximos pasos
El próximo mes de octubre se celebrará la vista; ambas partes presentarán pruebas documentales, entre ellas la escritura de la vivienda, el recibo del IBI y el certificado del Registro de la Propiedad que acredita la titularidad de Riobó. Tras la resolución, el juzgado dictará las medidas de ejecución, que podrían incluir el desalojo inmediato y la imposición de sanciones al ocupante por los delitos conexos. La comunidad de O Con y el resto del municipio esperarán la sentencia para determinar si se abre una nueva etapa en la lucha contra las okupaciones ilegales y la falta de licencias en negocios locales.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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