Irregularidades en fondos Next Generation y falta de aprobación presupuestaria
El Tribunal de Cuentas ha constatado que una parte importante de los recursos del programa Next Generation EU se empleó para financiar el pago de pensiones en España. La auditoría cubre los ejercicios de 2023, 2024 y 2025, años en los que el Ejecutivo no ha presentado ni aprobado los Presupuestos Generales del Estado.
Esta ausencia presupuestaria se traduce en que las cuentas públicas vigentes fueron aprobadas por unas Cortes que ya no existen, lo que elimina el control democrático habitual. La detección del Tribunal llega en medio de un debate sobre la correcta aplicación de los fondos europeos y la necesidad de respetar los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Detalles de la gestión de los fondos y la situación institucional
Según el informe del Tribunal de Cuentas, los recursos de Next Generation EU se desviaron a partidas de gasto corriente, en concreto al pago de pensiones. El Gobierno y la Comisión Europea defienden la legalidad de la operación, alegando que otros Estados miembros han adoptado medidas similares para aliviar la presión fiscal.
El organismo europeo Eurostat publicó recientemente un cuadro que muestra la distribución de los fondos por partida en cada país. En el caso de España, el desglose no aparece detallado, lo que dificulta la detección de la anomalía. Sin embargo, el propio informe señala que España es el único país de la zona euro que no ha aprobado sus cuentas públicas en 2025, ni en 2024 ni en 2023.
El Ejecutivo argumenta que la utilización de los fondos es legal y está respaldada por la normativa comunitaria. "El uso de los fondos respeta la normativa europea y responde a una necesidad urgente de sostenibilidad fiscal", afirmó un portavoz del Gobierno. En paralelo, el Tribunal de Cuentas ha señalado otras irregularidades, como la reciente duplicación de la devolución a Daniel de Alfonso por trienios indebidos (duplicó la devolución a Daniel de Alfonso).
Posibles consecuencias políticas y próximas acciones
Los partidos populistas han aprovechado la situación para cuestionar la solidaridad europea y acusar al Gobierno de desvío de fondos. La falta de aprobación presupuestaria debilita la percepción de legitimidad democrática y abre la puerta a posibles mociones de censura o a la convocatoria de elecciones anticipadas.
El Ejecutivo podría presentar una moción de confianza para reforzar su posición o, alternativamente, adelantar la tramitación de los presupuestos para evitar un vacío institucional. Mientras tanto, la Comisión Europea vigila de cerca el cumplimiento de los compromisos de España y podría iniciar procedimientos de infracción si considera que se vulneran las normas de gestión de fondos estructurales.
En cualquier caso, la combinación de irregularidades en la gestión de los fondos europeos y la ausencia de control presupuestario plantea un serio riesgo para la estabilidad institucional. Los ciudadanos deberán observar cómo evoluciona la respuesta del Gobierno y si el Parlamento ejerce la presión necesaria para restablecer la transparencia y la rendición de cuentas.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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