Victòria Monell, presidenta de la Fundació Silvestra Moreno, ha declarado en una entrevista que muchas personas con trastornos mentales desconocen su derecho a decidir sobre su vida y patrimonio, a pesar de los avances legislativos en España.

Derechos de decisión

Monell señala que la mayoría de los usuarios de la fundación nunca han sido informados de que pueden gestionar su propio dinero, elegir su vivienda o decidir con quién convivir. "Ellos muchas veces no son conscientes de que tienen el derecho a tomar sus decisiones", afirma la dirigente.

Esta falta de conciencia genera situaciones de vulnerabilidad extrema: personas que no saben que pueden solicitar apoyo terminan aceptando decisiones ajenas que les perjudican económicamente. El estigma asociado a la enfermedad mental refuerza la idea de incapacidad, aunque la ley disponga lo contrario.

El impacto es palpable en los juzgados, donde todavía se emplean expresiones como "el incapaz" para referirse a estos ciudadanos. Cada caso que se resuelve sin reconocer la capacidad jurídica de la persona supone una pérdida de autonomía y, a menudo, de patrimonio.

Capacidad jurídica

Desde su fundación en 1992 bajo el nombre de Malalts Mentals, la fundación ha pasado de la tutela tradicional a ofrecer apoyo a la capacidad jurídica. Este modelo permite que la persona mantenga la titularidad de sus bienes mientras recibe asistencia en la toma de decisiones complejas.