Error en la contratación del chófer oficial del Govern balear: Jurado comparece y niega favoritismo

Error en la contratación del chófer oficial del Govern balear (PP)

Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta balear Marga Prohens, compareció ante la jueza del Juzgado de Instrucción nº 3 en Palma el martes. Se le investiga por presunto amaño al favorecer al hijo de un primo en la plaza de chófer oficial, tras cambiar el proceso de concurso con baremación a una libre designación.

Durante la comparecencia, Jurado, asistido por su letrado Jaime Campaner, negó los hechos descritos en la querella y sostuvo que la vacante era temporal, originada por la baja de otro conductor. "El puesto era de confianza y la designación se ajustó a la normativa vigente", afirmó.

Detalles del procedimiento y la defensa de Jurado

Según Jurado, la convocatoria inicial se publicó por error como concurso con baremación de méritos. Corrigió la vía a libre designación y recibió una lista de 15 aspirantes que cumplían los requisitos. De esa lista, eligió al candidato que consideró más idóneo, sin mencionar ventajas personales.

La documentación remitida por la Secretaría General de Presidencia confirma que la lista de 15 aspirantes fue revisada y que el gabinete "propuso a la persona que consideró más adecuada". La defensa insiste en que la decisión obedeció criterios de capacidad y disponibilidad, no de parentesco.

Posibles consecuencias judiciales y políticas

La investigación se centra en si la modificación del procedimiento favoreció indebidamente al familiar de Jurado. De confirmarse el amaño, podría derivar en sanciones penales para el responsable y en la nulidad de la contratación.

Políticamente, el caso amenaza la estabilidad del gobierno de Marga Prohens, que ha defendido la "máxima y absoluta tranquilidad" ante la causa. Un escándalo de nepotismo podría erosionar la confianza de la ciudadanía y debilitar la posición del PP en las próximas elecciones autonómicas.

Cierre

El proceso judicial sigue abierto y la Fiscalía determinará si existen indicios suficientes para presentar cargos. Mientras tanto, la presidencia balear enfrenta una creciente presión mediática y de la oposición, que exige transparencia total en la gestión de plazas de confianza.