160 entidades civiles exigen a la Comisión que mantenga el Reglamento de Envases y Residuos (PPWR) sin retrasos
Una coalición de 160 entidades civiles europeas ha remitido a la Comisión Europea una carta en la que solicita que se mantenga la fecha de aplicación del Reglamento de Envases y Residuos (PPWR) prevista para el 12 de agosto. La iniciativa, anunciada este lunes, reúne a ONG, asociaciones de consumidores y empresas comprometidas con la reutilización.
Los firmantes advierten que cualquier aplazamiento abriría una ventana para que sustancias químicas peligrosas, como los PFAS, sigan presentes en envases alimentarios. Señalan que el reglamento es una herramienta clave para proteger la salud pública y garantizar una gestión sostenible de los residuos.
Presiones de la industria alimentaria y de bebidas para modificar el PPWR
En respuesta, 138 empresas del sector alimentario y de bebidas enviaron a la Comisión, el 29 abril, una segunda carta solicitando la revisión de varias disposiciones del PPWR. Entre los remitentes figuran Coca‑Cola, McDonald's, Heineken y otras multinacionales.
Las compañías piden posponer la prohibición de los PFAS en envases y flexibilizar las normas que limitan los plásticos de un solo uso y la obligación de reutilizar materiales. Argumentan que la transición es técnicamente compleja y que un retraso evitaría costes inesperados para la industria.
Posibles consecuencias y próximos pasos del debate regulatorio
Si la Comisión accediera a estas peticiones, la exposición de la población a los PFAS podría mantenerse durante varios años, aumentando el riesgo de efectos adversos en la salud, según expertos en toxicología. Además, se retrasaría la consolidación de la economía circular que la UE pretende alcanzar para 2030.
Los grupos medioambientales y de consumidores han advertido que ceder a la presión empresarial sentaría un precedente peligroso y socavaría la confianza en el proceso de codecisión. Esperan que la Comisión mantenga su posición y defienda el texto aprobado por el Parlamento y el Consejo.
Con menos de tres meses para la entrada en vigor, la disputa pone de relieve la tensión entre intereses comerciales y la protección del ciudadano europeo. La decisión final influirá en la calidad de los alimentos, la generación de residuos y la credibilidad del marco regulador de la UE.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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