Resumen de la noticia
El Gobierno de Gustavo Petro ha decretado varios ceses al fuego desde 2022, entre los que destaca el alto al fuego de 2023 que permitió al Bloque Suárez Briceño de las Farc‑Ep extenderse a 17 municipios del Huila. Además, el mandatario nombró gestor de paz a Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), liberado tras su detención en julio de 2024, lo que ha favorecido la reactivación de una disidencia armada.
Estos hechos se enmarcan en un incremento de violencia: más de 50 masacres, 60 líderes sociales asesinados, y 196 uniformados muertos desde que Petro asumió la presidencia en agosto de 2022.
Cómo y por qué la estrategia de cese al fuego favorece a los grupos armados
Los ceses al fuego, anunciados de forma improvisada, han creado espacios seguros para que los grupos guerrilleros reconstituyan sus filas y establezcan corredores logísticos. Según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, "han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos".
En el Huila, la ausencia de confrontación militar tras el alto al fuego permitió al Bloque Suárez Briceño imponer impuestos revolucionarios, carnetizar a campesinos y exigir permisos de paso, reduciendo la presencia del Estado en la zona. La liberación de , quien ahora lidera una disidencia separada de la facción de alias Mordisco, refuerza esta tendencia, pues el exguerrillero ha retomado actividades delictivas bajo la protección oficial.
