Alquiler de vivienda: falta de respuesta del casero
B. Padron, jubilado, alquila una vivienda desde el 27 de octubre de 2020. El propietario no ha comunicado si amplía el contrato, pese a que los inquilinos expresaron su deseo de continuar. En los últimos dos meses han asumido reparaciones que, según la ley, corresponden al arrendador.
La ausencia de notificación escrita deja a la pareja en una situación de incertidumbre: no saben si el contrato seguirá vigente ni si pueden exigir que el casero cubra los gastos de reparación.
Derechos del inquilino según la LAU 2019
Los contratos de arrendamiento firmados a partir de marzo de 2019 garantizan una duración mínima de cinco años cuando el arrendador es una persona física. Esto implica que, aunque en el contrato se pactara un plazo menor, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda hasta cumplir esos cinco años, siempre que cumpla sus obligaciones.
Si el propietario no comunica su voluntad de finalizar el arrendamiento con al menos cuatro meses de antelación, el contrato se prorroga automáticamente por períodos anuales. Estas prórrogas pueden repetirse hasta tres años más, beneficiando al inquilino que decide continuar.
Transcurridos los ocho años, la relación entra en tácita reconducción: el contrato se renueva por meses o años según la forma de fijación de la renta. En cualquier caso, sigue existiendo el mismo contrato, aunque sea verbal; documentarlo siempre es aconsejable.
En cuanto a las reparaciones, el arrendador debe hacerse cargo de aquellas necesarias para la habitabilidad de la vivienda, siempre que el daño no sea imputable al inquilino ni se trate de pequeñas reparaciones por uso ordinario. La jurisprudencia distingue entre reparaciones estructurales (obligación del propietario) y averías menores (pueden recaer en el inquilino).
Qué pueden hacer los inquilinos
Lo primero es enviar un burofax o carta certificada al propietario, solicitando por escrito la prórroga del contrato y la asunción de los gastos de reparación. Este documento sirve como prueba de que se ha intentado resolver la cuestión de forma amistosa.
Si el propietario sigue sin responder, los inquilinos pueden acudir a los juzgados de primera instancia para solicitar la declaración de prórroga automática y el cumplimiento de la obligación de reparación. La Ley permite al inquilino solicitar una indemnización por los gastos que haya asumido indebidamente.
En caso de que el arrendador pretenda terminar el contrato sin el preaviso legal, el inquilino puede oponerse y exigir la continuación del arrendamiento bajo las condiciones establecidas por la LAU, además de reclamar los daños y perjuicios ocasionados.
Contexto del alquiler en España
La falta de claridad en la comunicación entre arrendadores y arrendatarios se ha convertido en una queja frecuente entre los mayores que dependen de la vivienda alquilada. Iniciativas como el programa de alquiler asequible del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece pisos a precios regulados, buscan aliviar la presión sobre este colectivo (Alquiler asequible: el Ayuntamiento de Madrid vende parcelas y una cooperativa revende los pisos a 660.000 euros), pero la normativa sigue siendo clave para proteger a los inquilinos.
Para la pareja de B. Padron, la aplicación de la LAU significa que, a falta de notificación del casero, el contrato sigue vigente y el arrendador está obligado a cubrir las reparaciones esenciales. Si el propietario persiste en el silencio, los inquilinos pueden reclamar judicialmente la prórroga automática y el reembolso de los gastos realizados.
Esta situación ilustra un problema más amplio: muchos mayores que alquilan no conocen en detalle sus derechos y pueden verse obligados a asumir costes que la ley les protege. La información clara y el asesoramiento legal son esenciales para evitar abusos.
Qué puede pasar a continuación
Si la pareja envía el burofax y el propietario sigue sin responder, el siguiente paso será la demanda judicial. Un fallo favorable no solo garantizará la continuidad del alquiler, sino que también obligará al arrendador a abonar las reparaciones realizadas y, en su caso, a indemnizar los perjuicios.
En cualquier caso, la clave está en documentar cada comunicación y en conocer los plazos legales. La LAU 2019 brinda una protección robusta que, bien utilizada, evita que los inquilinos queden a merced de la incertidumbre y los gastos inesperados.
