Aragón expulsa a supuesto menor de 13 años tras confirmar su verdadera edad de 20 años

Gobierno de Aragón expulsa a supuesto menor de 13 años (edad falsa)

El vicepresidente Alejandro Nolasco anunció este lunes que un hombre de origen mauritano fue expulsado del centro de menores de Zaragoza tras confirmar que su edad real es 20 años, no 13 como se había indicado al entrar en España. La expulsión se efectuó el 30 de mayo y el individuo fue puesto a disposición de las autoridades migratorias.

Las pruebas forenses se realizaron en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se analizaron muestras de tejido y se aplicaron técnicas de datación ósea. El informe concluyó sin dudas que el sujeto había superado la edad mínima para ser considerado menor. Con esa evidencia, el Ejecutivo regional procedió a la expulsión con "plenas garantías legales".

"Hemos sido víctimas de un fraude mayúsculo", afirmó Nolasco, señalando que la administración aragonesa había asumido 13.000 € en gastos de alojamiento y atención antes de la detección. El vicepresidente añadió que el caso evidencia una falta de control del Gobierno central al enviar a menores sin certificado biológico.

Detalles del caso y costes del fraude (pruebas de edad)

El informe del Instituto de Medicina Legal detalló que la densidad ósea y los marcadores de crecimiento coincidían con una persona de veinte años. Además, el análisis de ADN descartó la posibilidad de que el individuo fuera menor de edad. Estas pruebas fueron solicitadas por la Consejería de Bienestar Social y Familia tras dudas surgidas en la unidad de acogida.

El gasto de 13.000 € incluye alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria y seguimiento psicológico durante los tres meses que el hombre permaneció en el centro. La cifra se ha convertido en un punto de discusión sobre la financiación de la política de acogida en la comunidad autónoma.

Nolasco denunció al Gobierno central por obligar a la administración aragonesa a acoger a una persona adulta sin certificado, calificándolo de "fraude mayúsculo". El vicepresidente exigió que el ministro de Derechos Sociales, Ángel Víctor Torres, responda ante la Delegación del Gobierno por la falta de control en la transmisión de datos.

En un contexto más amplio, la situación se enlaza con la reciente normativa europea sobre retornos, que busca reforzar los mecanismos de verificación de edad y documentación en los flujos migratorios. Para más información sobre la normativa, consulte el artículo sobre la UE aprueba normativa de retornos más estricta.

Nuevas medidas y posibles acciones legales (pruebas obligatorias)

A raíz del caso, el Ejecutivo aragonés ordenó que a todos los migrantes enviados sin certificado biológico se les realicen pruebas de edad obligatorias antes de su admisión en centros de menores. La medida entrará en vigor el 1 de julio y será supervisada por el Instituto de Medicina Legal.

El vicepresidente anunció que los responsables de futuros casos de "falsos menas" serán perseguidos judicialmente. La comunidad autónoma está preparando un expediente para iniciar acciones legales contra los funcionarios que, según se sospecha, hayan facilitado la entrada de adultos con documentos falsificados.

Nolasco también reveló la existencia de otro caso similar: una menor no acompañada cuya edad estimada por pediatras era de 13 años, no los 9 que había comunicado el Gobierno central. Este segundo caso refuerza la necesidad de controles más rigurosos.

El Gobierno de Aragón pretende, con estas medidas, evitar que la administración regional siga asumiendo costes innecesarios y garantizar la protección de los verdaderos menores. La expectativa es que la política de pruebas obligatorias reduzca en gran medida los casos de fraude y mejore la gestión de la acogida.

"No vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez sea cómplice de una invasión migratoria que se legitima con fraude", concluyó Nolasco, subrayando la postura firme del Ejecutivo frente a la falta de coordinación con el Estado.