David Sánchez declara que su cargo en la Oficina de Artes Escénicas no era una ventanilla y enfrenta petición de un año y medio de prisión

Declaración de David Sánchez sobre la Oficina de Artes Escénicas

David Sánchez compareció este jueves ante la Audiencia Provincial de Badajoz y limitó su intervención a lo que dictara su abogado, Emilio Cortés. En su declaración afirmó que el cargo de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas nunca se configuró como una oficina con ventanilla, sino como una categoría administrativa sin sede fija. "No era entendido como una oficina con ventanilla", sostuvo, añadiendo que nunca solicitó ni influyó para obtener el puesto.

El defensor evitó responder a preguntas sobre el proceso de selección y la creación del puesto, manteniendo la postura de que no existió ninguna irregularidad en la designación.

Detalles del proceso judicial y acusaciones

El juzgamiento se centra en la acusación popular que pide un año y medio de prisión por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La Fiscalía, sin embargo, ha calificado los hechos como no constitutivos de delito, argumentando que no se demostró dolo ni beneficio patrimonial.

Junto a David Sánchez, están procesadas diez personas más, entre ellas el ex presidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a quien también se le solicita la misma pena. Otros acusados pertenecen a los departamentos de Cultura, Recursos Humanos y a la Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

El caso surgió tras la detección de irregularidades en la creación de plazas y la contratación de personal, incluida la designación de Sánchez como coordinador de conservatorios y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La Unidad Central Operativa (OCU) presentó pruebas de miles de correos electrónicos que, según su análisis, indican que el puesto fue creado específicamente para él.

Posibles desenlaces del caso

El tribunal podrá dictar sentencia condenatoria si considera probados los hechos de tráfico de influencias y prevaricación, lo que implicaría la pena solicitada por la acusación popular. En caso de que la Fiscalía mantenga su postura, el juez podría absolver a David Sánchez y a los demás acusados, citando la falta de tipicidad penal.

Otra posibilidad es la apertura de nuevas diligencias para esclarecer la participación de los demás imputados, lo que alargaría el proceso y mantendría la presión mediática sobre el Gobierno. Un veredicto condenatorio tendría repercusión política, alimentando críticas a la gestión del presidente y a la percepción de nepotismo en la administración autonómica.

En cualquier escenario, el caso seguirá siendo un referente para la opinión pública, que observa de cerca la actuación de los familiares del presidente y la respuesta institucional ante posibles irregularidades.