Les Naus Alicante: gestor admite que la adjudicación de 140 viviendas violó igualdad, publicidad y concurrencia

La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Fran Marco, rechazó esa justificación. Señaló que la ausencia de publicidad vulnera la transparencia exigida por el decreto 90/2009 y que la lista de espera de 2 000 personas para la promoción, iniciada en 2018, evidencia un interés amplio que quedó excluido del proceso. El fiscal preguntó si, en realidad, los pisos habían sido adjudicados o vendidos entre los socios, y advirtió que la falta de concurrencia podría encubrir una operación de venta encubierta.

Ordiñana intentó reforzar su defensa indicando que la cooperativa había cumplido con el requisito mínimo de cinco socios fundadores, entre los que se encontraban su madre y la madre de sus hijas, así como otros conocidos del sector inmobiliario. Sin embargo, la Fiscalía subrayó que la documentación muestra que varios de esos socios ya poseían propiedades en la propia promoción, lo que podría haber favorecido la adjudicación sin competencia.

Contexto legal de la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana

El marco normativo que regula la adjudicación de viviendas protegidas en la Comunidad Valenciana se recoge en el decreto 90/2009 del Consell. Este texto obliga a que cualquier asignación de suelo procedente de concursos públicos se realice bajo los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, tanto para ventas como para arrendamientos.

La promoción Les Naus se lanzó en 2018 con una lista de espera que llegó a 2 000 personas. La iniciativa pretendía ofrecer viviendas de protección oficial a precios asequibles, pero la falta de un proceso público de licitación ha puesto en entredicho su legalidad. La normativa vigente exige que, antes de construir, se publique el proyecto y se abra a la concurrencia de todas las partes interesadas, garantizando así la igualdad de oportunidades.

El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de cooperativas de vivienda en la región y la necesidad de reforzar los controles administrativos para evitar irregularidades. Las autoridades autonómicas han anunciado que revisarán otros proyectos similares para asegurar el cumplimiento de la legislación.

En conclusión, la admisión de Ordiñana sobre la vulneración de los principios legales abre la puerta a posibles sanciones y a la revisión de la asignación de las 140 viviendas. La Fiscalía continuará su investigación y, de confirmarse irregularidades, la justicia podría ordenar la revocación de los títulos de propiedad y la restitución de los derechos a los aspirantes que quedaron fuera del proceso. La comunidad de Alicante sigue atenta a los próximos fallos judiciales, que podrían sentar un precedente importante para la gestión de la vivienda protegida en toda la Comunidad Valenciana.

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