Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario de Junts, anunció el martes la presentación de 1.154 enmiendas al articulado de las cuentas y 191 a la ley de acompañamiento del presupuesto del ministro Salvador Illa. Las propuestas se han depositado en la Comisión de Presupuestos del Parlament y representan la mayor cantidad de enmiendas parciales presentadas por un solo grupo en la actual legislatura.
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Las enmiendas incluyen una serie de medidas fiscales y sociales. En materia de impuestos, Junts pide reducir el tipo mínimo del IRPF del 10,5 % al 9 % y elevar el mínimo exento para proteger a rentas bajas y medias de la inflación. Asimismo, propone una bonificación casi total del impuesto de sucesiones para herencias entre familiares directos y ampliar las bonificaciones para grados de parentesco más lejanos. En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), la iniciativa plantea una tasa del 2 % para la compra de vivienda en municipios rurales con riesgo de despoblación, con el objetivo de estimular el mercado inmobiliario en esas áreas.
En el ámbito migratorio, Junts quiere que los ayuntamientos elaboren informes de integración y evalúen la competencia lingüística catalana como requisito para la regularización de los migrantes empadronados. La medida forma parte de la estrategia del partido para reforzar el uso del catalán en la vida pública y se plantea como un complemento a la normativa estatal.
El grupo también propone la creación de un programa tipo MIR para la formación de profesores. La iniciativa, inspirada en el sistema de acceso a plazas médicas, incluiría una fase de mentoría, prácticas supervisadas y una evaluación competencial que garantice la preparación de los docentes antes de ejercer en la enseñanza pública.
Por último, Junts exige al Govern una estrategia integral contra el narcotráfico con objetivos medibles, una dotación presupuestaria específica y un seguimiento semestral. La propuesta incluye la coordinación con Europol y Eurojust y la obligación de presentar resultados al Parlament seis meses después de su puesta en marcha.
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Las enmiendas pasarán a debate en la Comisión de Presupuestos. Si el Govern incorpora las propuestas, se traducirán en un alivio fiscal para familias con ingresos bajos y medios, y en nuevos requisitos administrativos para los ayuntamientos. La reducción del IRPF y del ITP podría generar un descenso de la recaudación, que el Ejecutivo deberá compensar con otras fuentes de ingreso o con ajustes en el gasto.
En el plano político, la carga de más de 1.300 enmiendas pone presión sobre el Govern para negociar con Junts y evitar bloqueos legislativos. La estrategia contra el narcotráfico, si se aprueba, requerirá una partida presupuestaria adicional y un mecanismo de control que podría influir en la asignación de recursos a otras áreas como la sanidad o la educación.
El impacto de estas medidas también se sentirá en los municipios rurales, donde la rebaja del ITP busca frenar la despoblación. En este sentido, la propuesta se alinea con otras iniciativas autonómicas, como la que se discute en las Elecciones autonómicas Baleares 2027, donde la revitalización de territorios vulnerables es un tema central.
Si el Parlament aprueba las enmiendas, los ciudadanos podrían ver una disminución de la carga impositiva en sus declaraciones de la renta y una mayor exigencia de conocimientos de catalán para los inmigrantes que soliciten la regularización. El debate también abrirá la puerta a futuras negociaciones sobre la financiación de la seguridad y la educación, sectores que Junts ha señalado como prioritarios en su programa.
"Catalunya no se puede acostumbrar a los tiroteos y a la presencia creciente de mafias vinculadas al narcotráfico", afirmó Sales.
Con la agenda legislativa en marcha, el Govern deberá decidir si incorpora las propuestas o busca un compromiso que mantenga el equilibrio fiscal y responda a las demandas de seguridad ciudadana.