Nueva Ley ELA y denuncias de pacientes por reducción de ayudas

La Ley ELA, aprobada en octubre de 2024, comenzó su despliegue en Cataluña en marzo. Desde entonces, 44 familias con grado III+ de dependencia han detenido los trámites porque la ayuda prevista entra en conflicto con el complemento por gran invalidez que ya perciben.

Una de esas familias es la de Sara Ruiz, que lleva seis años cuidando a su marido, Sergio Sancho, diagnosticado con ELA. Ruiz estima que solicitar la nueva prestación le supondría un gasto de 1.500 euros al mes. En el caso de Yolanda Delgado, la cifra asciende a 4.000 euros. Ambas afirman que la incompatibilidad entre ambas ayudas les obligaría a reducir ingresos ya destinados a gastos básicos como luz y alimentación.

En Cataluña, la Fundació Miquel Valls informa que de los 115 pacientes que cumplen los criterios de la Ley, solo 32 están accediendo a los servicios, mientras que 85 ya tienen el grado de dependencia reconocido. La situación se agrava porque la ayuda de la Ley ELA depende de un mínimo de ocho horas diarias de atención, requisito que no siempre se ajusta a la dinámica familiar.

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