La Eurocámara ha aprobado un nuevo reglamento de Retornos que podría tener consecuencias devastadoras para los inmigrantes en Europa. El reglamento permite la creación de centros de detención fuera de la UE donde las personas que no consiguen papeles podrían desaparecer durante dos años. Esto incluye países diferentes de su lugar de origen, donde podrían no tener redes de apoyo, no hablar el idioma y no tener acceso a derechos básicos, manteniendo su condición de inmigrante en países con estándares de derechos humanos más bajos.
La nueva ley acelera el proceso de deportación, reduce los plazos de apelación y establece una orden de retorno única para todos los Estados Schengen. Decenas de organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los peligros de esta ley, y existe el riesgo de que Europa vea escenas similares a las aterradoras que se han visto en EE UU contra los inmigrantes.
Aunque la UE no tiene una agencia federal de deportación como ICE, la nueva ley establece que la emisión de órdenes de deportación es efectiva en todo el territorio de la Unión. Esto significa que la policía de un país puede detener y deportar a un solicitante de asilo que haya sido rechazado en otro país. Por ejemplo, un solicitante de asilo rechazado en Polonia o Hungría podría ser detenido y deportado por la policía española.
Hasta ahora, la UE ha delegado gran parte del trabajo relacionado con la gestión de fronteras a gobiernos como el de Turquía o Marruecos, pagando para que gestionen en la puerta lo que preferimos no ver en el salón. Sin embargo, aprobar una ley de estas características implica el fin de esa política de ignorancia voluntaria de los derechos humanos. La primera consecuencia predecible es una expansión de la infraestructura de detención y deportación de personas.
