La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, investigará los abusos sexuales cometidos por sacerdotes catalanes en Bolivia. Un informe de la comunidad boliviana de supervivientes reveló una trama de encubrimiento y traslados de sacerdotes entre Catalunya y Bolivia.
La investigación se centra en determinar si sacerdotes denunciados o apartados en Catalunya fueron destinados a centros educativos bolivianos y siguieron en contacto con menores. El informe presentado a la Síndica describe una estructura de decisiones adoptada desde la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús en Barcelona.
La trama de abusos en Bolivia
La comunidad boliviana de supervivientes ha remitido un informe con testimonios, documentación interna y un relato de cómo funcionó la dinámica de traslados y encubrimientos. El documento sostiene que no se trata de episodios aislados, sino de una estructura de decisiones que permitió abusos sistemáticos desde los años cincuenta.
El informe describe casos como el de Francesc Peris, profesor del colegio Casp, que agredió sexualmente a menores en la escuela Juan XXIII de Cochabamba. Otro caso es el de Lluís Tó, docente del colegio Sant Ignasi de Barcelona, condenado en 1992 y destinado a Bolivia hasta su muerte en 2017.
La petición de la comunidad boliviana
La comunidad boliviana de supervivientes ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlament para estudiar la dimensión transnacional del caso. Su objetivo es dilucidar si desde Catalunya se dirigieron, toleraron o encubrieron traslados de sacerdotes que ampliaron el número de víctimas en Bolivia.
La petición también solicita una respuesta institucional del Síndic y del Parlament ante unos hechos que presentan como una red de pederastia con origen en Catalunya y ramificaciones en América Latina.
La investigación en curso
Fuentes de la sindicatura confirman que la información ya ha sido incorporada a la actuación abierta y que se ha pedido documentación a la Compañía de Jesús. La investigación se encuentra en una fase inicial, mientras que en el Parlament la petición se ha derivado a la comisión de peticiones.
El abogado y activista Alejandro Klock Varas considera que la decisión de la Síndica supone un primer paso para sacar del ámbito exclusivamente boliviano una trama que no puede entenderse sin mirar a Barcelona. Klock espera que la investigación no se limite a recibir documentación, sino que entre en el fondo de la red que dejó miles de niños afectados en Bolivia.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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