El Tribunal de Instancia de Montoro ha rechazado la personación del Ayuntamiento de Lepe como acusación popular en la macrocausa judicial que investiga la tragedia ferroviaria de Adamuz, donde fallecieron 46 personas.
La jueza Cristina Pastor firmó el auto el 27 de marzo excluyendo al consistorio lepero "por falta de legitimación para el ejercicio de la acción popular". La decisión se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 125 de la Constitución.
El Alto Tribunal establece que este artículo "se refiere explícitamente a 'los ciudadanos', que es concepto atinente en exclusiva a personas privadas", excluyendo así a la Administración pública. La magistrada recuerda que la acusación pública ya la ejerce el Ministerio Fiscal.
Previamente, el juzgado había denegado las personaciones de los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría por los mismos motivos. En cambio, sí ha admitido como acusación popular a Vox, los sindicatos Manos Limpias y Semaf, y las asociaciones Víctimas de los Políticos, Hazte Oír.org y Liberum.
La Junta de Andalucía ha anunciado su intención de personarse también como acusación popular en esta causa, que continúa bajo la dirección del Ministerio Fiscal para esclarecer las circunstancias del siniestro ferroviario.
