Prisión sin fianza de médico en Las Palmas por 11 agresiones sexuales a pacientes

Prisión del médico de Las Palmas por agresiones sexuales a 11 pacientes

Rigoberto F. M., médico de 37 años, ingresó en prisión provisional sin fianza el 8 abril 2026 en Las Palmas de Gran Canaria tras ser detenido por once delitos de agresión sexual contra pacientes del ámbito sanitario. La medida judicial responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas mientras avanza la investigación.

Detención y medidas cautelares impuestas al profesional

El operativo policial del 7 abril 2026 incluyó el registro domiciliario del investigado y la incautación de varios dispositivos electrónicos, entre los que se hallaron mensajes de texto y archivos que podrían constituir pruebas de los delitos contra la intimidad. Tras el registro, la autoridad judicial comunicó la orden de prisión provisional y, en el mismo acto, dictó la inhabilitación cautelar para ejercer la medicina y una orden de alejamiento que prohíbe cualquier contacto con las víctimas. El investigado ejerció su derecho a no declarar durante la comparecencia, conforme a la normativa vigente.

Perfil profesional y antecedentes penales del médico

El recorrido laboral de Rigoberto F. M. se desarrolló mayormente bajo contratos temporales en el Servicio Canario de Salud (SCS). Durante su paso por el SCS, realizó sustituciones en los centros de urgencias de Schamann, Guanarteme y El Calero, y posteriormente se trasladó a una consulta privada en Telde, donde se concentraron la mayoría de los presuntos hechos. El médico cuenta con antecedentes penales por hechos de naturaleza sexual y fue detenido previamente el 3 febrero 2026 por presuntas agresiones a dos pacientes, medida que culminó en una orden de alejamiento pero no en una condena definitiva.

Modus operandi y testimonios de las víctimas

Al menos dos denuncias confirmadas describen un patrón de abuso basado en la posición de autoridad del profesional. Una víctima relató que el médico utilizó el estetoscopio para "tocamientos indebidos" y le masajeó los pechos sin guantes, mientras le ofrecía información sobre una clínica estética. Posteriormente, le pidió que bajara el pantalón y le tocó las nalgas bajo la excusa de realizar un "retoque". "Me entregó su número de teléfono y un pintalabios, y me insistió para que lo contactara", señaló la denunciante en su declaración. Otra víctima describió tocamientos y pellizcos durante una exploración mamaria, aprovechando los momentos en que quedaban solas en la consulta, y añadió que el médico le formuló preguntas de carácter personal más allá de sus dolencias.

Marco legal y proceso judicial

El caso está bajo la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Las Palmas, presidido por la magistrada María Auxiliadora Díaz. Los cargos incluyen once delitos de agresión sexual y varios contra la intimidad. La cronología judicial muestra una primera detención en febrero, seguida de un plazo de 72 horas para disposición judicial, y la nueva detención el 7 abril que culminó con la prisión provisional el 8 abril. Actualmente, la investigación sigue abierta y se están analizando los dispositivos electrónicos incautados para determinar la existencia de pruebas adicionales.

Impacto en el sistema sanitario canario y medidas de prevención

El caso ha generado una profunda preocupación entre la ciudadanía respecto a la confianza en la atención primaria. La Gerencia de Atención Primaria ha abierto un expediente por otras dos reclamaciones que podrían revelar víctimas adicionales, lo que subraya la necesidad de reforzar los protocolos de protección. La Consejería de Sanidad ha anunciado la revisión de los procedimientos de supervisión de profesionales con antecedentes penales y la implementación de un sistema de alerta temprana para evitar la reincidencia. Asimismo, se prevé la creación de un registro interno que permita identificar rápidamente a médicos con historial de conductas delictivas, medida que se alinea con las recomendaciones de seguridad sanitaria publicadas recientemente en la auditoría de la Audiencia Provincial¹.

• Reforzar protocolos de identificación y verificación de antecedentes antes de la contratación de personal sanitario.
• Implementar auditorías periódicas en centros de salud para detectar conductas irregulares.
• Establecer canales de denuncia confidenciales y accesibles para pacientes y personal interno.
• Formar al personal sanitario en prevención de abusos y gestión de situaciones de vulnerabilidad.
• Crear un registro de profesionales sancionados que sea consultable por las instituciones de salud.

El impacto mediático del caso también ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia institucional, como se evidenció en la reciente cobertura sobre el maltrato animal en Gran Canaria, que mostró la efectividad de la intervención rápida de las autoridades locales². La comunidad médica canaria está llamada a responder con medidas concretas que garanticen la seguridad de los pacientes y restauren la confianza en el sistema sanitario.

Footnotes

1. La Audiencia Provincial ratifica el archivo de la denuncia por agresión sexual contra Alfonso Villares ↩

2. Maltrato animal en Gran Canaria: 29 perros rescatados de una finca en malas condiciones ↩