La trampa del alquiler sin salida
Antonio alquiló un piso de dos habitaciones en Valencia a finales de 2020 por 900 euros mensuales. El inquilino cumplía todos los requisitos, tenía avalista y los papeles en regla. En dos o tres meses, el propietario notó algo raro: hombres llegaban al portal pendientes del móvil, abrían sin llamar, y los vecinos se quejaban de ruidos constantes. Eran gemidos. El piso se había convertido en un burdel.
Seis años después, Antonio sigue siendo el propietario legal de una vivienda que no controla. El inquilino paga puntualmente cada mes, pero ejerce una actividad que el propietario nunca autorizó. Lo peor: no puede echarle hasta 2027.
Atrapado por la Ley de Vivienda
Cuando se firmó el contrato en 2020, la duración máxima eran cinco años. Pero la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno en 2023 amplió automáticamente los contratos a siete años para los grandes tenedores —propietarios con más de cinco inmuebles—. Antonio quedó atrapado. Su inquilino tiene derecho legal a permanecer en la vivienda hasta 2027 si sigue pagando, y lo hace sin falta.
"La policía se desentiende. Me dicen que la prostitución no es un delito recogido en el Código Penal, salvo que pueda demostrar explotación o trata", explica Antonio. Ha denunciado el caso a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, varios ministerios —incluido el de Igualdad en diciembre de 2024— e incluso escribió a la delegada del Gobierno en Valencia. Las respuestas no han llegado.
