La trampa del concepto confuso
Odiar no es delito. Ni siquiera es un ilícito. Puede ser desagradable, malo para el estómago y tristón, pero no es un crimen. Tampoco lo es expresarlo.
Este es el punto de partida de una reflexión incómoda que cuestiona el uso cada vez más frecuente del concepto de "discurso del odio" como justificación para censurar opiniones. El argumento es directo: se trata de un caballo de Troya contra la libertad de expresión, una categoría tan confusa que sirve para casi cualquier opinión que no nos guste.
Los antecedentes históricos
La historia ofrece lecciones claras. Cuando los abolicionistas criticaban la esclavitud en el siglo XIX, uno de los argumentos para justificar la censura de su discurso "incendiario" era precisamente la difamación contra un grupo. Un senador sureño se quejaba de que los textos abolicionistas "contienen reflexiones que hieren los sentimientos" de los sureños; estaban siendo "profunda, vil y maliciosamente calumniados".
Este patrón debería sonar familiar. Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo vio venir. Defendía que solo se proscribieran las apologías del odio nacional o religioso que incitaran a la violencia. Pero criticaba con dureza la propuesta soviética de prohibir el discurso del odio por una razón fundamental: "Cualquier crítica a las autoridades públicas y religiosas podría ser considerada con demasiada facilidad incitación al odio y, en consecuencia, prohibida".
