Espadaler pide 35 fiscales y firma convenio para que jueces aprendan catalán

El acuerdo también contempla la mejora de las instalaciones de varias fiscalías, con especial atención a la implantación de oficinas fiscales en la Fiscalía Superior y en las fiscalías provinciales y de área de Cataluña.

Esta iniciativa se suma a otras acciones del gobierno catalán, como la preparación de cumbres internacionales y la visita del Papa en 2024, que buscan reforzar la presencia institucional de la comunidad.

Próximos pasos y posibles repercusiones

El próximo paso será la asignación presupuestaria por parte del Departamento de Justicia catalán, que deberá cubrir los salarios de los nuevos fiscales y los costes de la infraestructura requerida. Se espera que la solicitud sea incluida en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo ejercicio fiscal.

Una vez aprobados los recursos, la Fiscalía podrá iniciar el proceso de contratación y asignación de los 35 fiscales solicitados. Paralelamente, el CGPJ pondrá en marcha el programa de catalán, que incluirá cursos presenciales y en línea, con el objetivo de que todos los magistrados alcancen un nivel operativo de la lengua en los próximos dos años.

Si la medida se implementa con éxito, se anticipa una reducción de los plazos de resolución de casos y una mayor confianza de la ciudadanía en la justicia catalana. Por el contrario, la falta de financiación o retrasos en la puesta en marcha podrían generar críticas de los partidos de oposición y de organizaciones de la sociedad civil que reclaman una justicia más ágil.

En cualquier caso, la petición de 35 fiscales y el convenio lingüístico marcan un punto de inflexión en la política judicial de Cataluña, que busca adaptar sus recursos a las demandas de una sociedad cada vez más exigente.