Espadaler solicita 35 fiscales y firma convenio para catalán (SEO)
El jueves por la mañana, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, informó a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, que Cataluña necesita al menos 35 nuevos fiscales para atender la carga de trabajo y garantizar una actuación adecuada. En la misma rueda de prensa, Espadaler anunció la firma de un convenio con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que permitirá a jueces en ejercicio y en formación aprender catalán.
"Necesitamos que la Fiscalía cuente con los medios materiales necesarios para llevar a cabo su labor", subrayó Espadaler, enfatizando la dependencia presupuestaria del Gobierno catalán.
Detalles de la reunión y requisitos
La reunión se celebró en la sede de la Generalitat en Madrid y contó con la presencia de Teresa Peramato y Isabel Perelló. Durante el encuentro, se repasaron los principales retos de la Fiscalía catalana: la falta de personal, la necesidad de modernizar infraestructuras y la carencia de oficinas fiscales en algunas sedes, como la de Sant Felíu de Llobregat.
Espadaler explicó que la solicitud de 35 fiscales responde a un déficit que afecta a la tramitación de expedientes y a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Además, el convenio con el CGPJ incluye un programa de formación lingüística que cubrirá tanto a jueces ya nombrados como a los que se incorporen en los próximos años.
El acuerdo también contempla la mejora de las instalaciones de varias fiscalías, con especial atención a la implantación de oficinas fiscales en la Fiscalía Superior y en las fiscalías provinciales y de área de Cataluña.
Esta iniciativa se suma a otras acciones del gobierno catalán, como la preparación de cumbres internacionales y la visita del Papa en 2024, que buscan reforzar la presencia institucional de la comunidad.
Próximos pasos y posibles repercusiones
El próximo paso será la asignación presupuestaria por parte del Departamento de Justicia catalán, que deberá cubrir los salarios de los nuevos fiscales y los costes de la infraestructura requerida. Se espera que la solicitud sea incluida en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo ejercicio fiscal.
Una vez aprobados los recursos, la Fiscalía podrá iniciar el proceso de contratación y asignación de los 35 fiscales solicitados. Paralelamente, el CGPJ pondrá en marcha el programa de catalán, que incluirá cursos presenciales y en línea, con el objetivo de que todos los magistrados alcancen un nivel operativo de la lengua en los próximos dos años.
Si la medida se implementa con éxito, se anticipa una reducción de los plazos de resolución de casos y una mayor confianza de la ciudadanía en la justicia catalana. Por el contrario, la falta de financiación o retrasos en la puesta en marcha podrían generar críticas de los partidos de oposición y de organizaciones de la sociedad civil que reclaman una justicia más ágil.
En cualquier caso, la petición de 35 fiscales y el convenio lingüístico marcan un punto de inflexión en la política judicial de Cataluña, que busca adaptar sus recursos a las demandas de una sociedad cada vez más exigente.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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