La ofensiva del Gobierno central
El Ministerio de Vivienda ha puesto en el punto de mira la nueva ley urbanística de Madrid. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones formales contra una norma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, bajo el paraguas de la agilidad y la simplificación, introduce cambios profundos en el control del suelo y la planificación urbana.
Según las alegaciones a las que ha tenido acceso este periódico, las modificaciones abren la puerta a la especulación, la privatización del suelo y los pelotazos urbanísticos. El anteproyecto de la ley líder —acrónimo de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región— fue presentado por el Ejecutivo madrileño como una reforma integral destinada a sustituir la normativa vigente desde hace más de dos décadas.
El circuito de dos velocidades
Una de las principales críticas del Ministerio de Vivienda es la creación de un sistema de gestión a dos velocidades. La norma consolida el papel de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), organismos privados que podrán intervenir tanto en la tramitación como en la supervisión de licencias.
En la práctica, advierte el Gobierno central, esto genera un canal rápido y fluido, pero de pago, para quienes puedan permitírselo, frente a un circuito público que no se refuerza y corre el riesgo de quedar relegado a segundo plano. La consecuencia es un desplazamiento progresivo de la gestión pública hacia operadores privados, con dudas sobre su imparcialidad.
