Horas extra no pagadas en España 2025: CCOO alerta sobre 2,5 millones de jornadas semanales sin compensación

Una vez acreditada la hora extra, el empleado puede exigir pago o tiempo de descanso equivalente dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, tal como establece el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. En caso de festivo, la remuneración debe ser al menos un 75 % superior a la hora ordinaria. Si la empresa se niega, el trabajador puede iniciar un procedimiento judicial o acudir a la vía de conciliación, donde la documentación de geolocalización suele ser decisiva.

Como aconseja el abogado especializado en derecho laboral, «no dejar pasar el plazo de cuatro meses es crucial; de lo contrario, el derecho a la compensación se extingue».

Para más información sobre la reclamación de horas extra, consulte el artículo Horas extra: abogado advierte que muchos trabajadores cobran menos en España.

Perspectivas y posibles acciones futuras

Ante la magnitud del fenómeno, la Inspección de Trabajo ha anunciado una campaña de inspecciones focalizadas en sectores con alta incidencia de horas extra, como la logística y la hostelería. Las empresas que no demuestren haber pagado o compensado las jornadas podrían enfrentarse a sanciones que superan los 3 000 euros por trabajador afectado.

Los sindicatos, por su parte, demandan una reforma legislativa que establezca límites más estrictos al número máximo de horas extra anuales y que obligue a las compañías a registrar electrónicamente cada hora trabajada. La presión social y la creciente cantidad de litigios podrían impulsar cambios en la normativa antes de 2026.

Mientras tanto, los empleados deben revisar sus nóminas y registros de tiempo, conservar pruebas de ubicación y, en caso de duda, solicitar asesoramiento legal. La capacidad de reclamar de forma efectiva no solo garantiza una remuneración justa, sino que también previene la acumulación de deudas salariales que pueden comprometer la estabilidad financiera de los hogares.

En definitiva, la falta de pago de horas extra se perfila como un riesgo legal y económico para las empresas, mientras que los trabajadores que conozcan sus derechos y dispongan de pruebas sólidas podrán exigir el cumplimiento de la ley.