Fianza del alquiler: propietarios pueden recibir multas si no la depositan a tiempo

Error con la fianza del alquiler: multas y riesgos para propietarios

Muchos caseros siguen sin cumplir la obligación de depositar la fianza en el organismo competente en el plazo legal. La falta de ingreso puede derivar en multas de hasta 75 % del importe de la fianza o 3.000 €, según la normativa de cada comunidad autónoma. Además, se generan recargos e intereses por el retraso. La sanción no la impone la Agencia Tributaria, sino la administración autonómica de vivienda, pero el incumplimiento puede activar inspecciones fiscales posteriores. Para más detalle, consulte nuestro artículo sobre la multa por no depositar la fianza a tiempo.

Cómo y por qué se produce la infracción

La Ley de Arrendamientos Urbanos (artículo 36) obliga al depósito telemático o presencial de la fianza dentro de los 30 días desde la firma del contrato. El incumplimiento se tipifica como infracción administrativa. Cada comunidad establece su régimen sancionador: en la Comunitat Valenciana, por ejemplo, las multas pueden alcanzar el 75 % de la fianza o 3.000 €, con recargos adicionales si se detecta reiteración o intención de ocultación. El proceso es sencillo: basta con acceder al portal de la entidad autonómica y cargar el justificante de ingreso. La regularización voluntaria antes de que la administración actúe reduce notablemente los recargos.

Qué puede ocurrir si no se regulariza

Si el propietario no regulariza la situación, la administración autonómica puede exigir el depósito fuera de plazo, imponiendo recargos que aumentan con el tiempo. Paralelamente, la Agencia Tributaria cruza los datos de alquiler declarados en los modelos 100 y 347 con los registros de fianzas. La ausencia de ingreso puede desencadenar inspecciones y sanciones fiscales por incongruencias en la declaración de ingresos por alquiler. En el peor de los casos, el propietario se enfrenta a una doble presión: la multa administrativa y una posible liquidación tributaria.

"El incumplimiento no es un simple olvido, es una infracción administrativa que puede tener consecuencias económicas y fiscales graves", advierte el Colegio de Registradores.

Para evitar estos problemas, los propietarios deben aprovechar la vía telemática, conservar el justificante y, en caso de retraso, regularizar cuanto antes. La normativa busca proteger al inquilino y garantizar la transparencia del mercado de alquiler.

En un contexto de mayor control sobre el alquiler, cumplir con este trámite es una medida básica que evita sorpresas económicas y fiscales. La próxima reforma de la LAU no eliminará la obligación, por lo que la recomendación sigue vigente.

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