El 15 de abril de 2026 el Congreso de la Nación aprobó la reforma de la Ley N.º 26.639, con 137 votos a favor en la Cámara de Diputados y previa sanción del Senado. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, modifica el régimen de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Ley de Glaciares
La norma, que había sido referente regional desde 2010, ahora delega la competencia de protección a los gobiernos provinciales. Cada provincia podrá definir qué áreas glaciares se consideran protegidas y cuáles pueden abrirse a proyectos productivos, incluidos algunos de carácter extractivo. Esta descentralización rompe con el modelo anterior, que establecía una protección uniforme y prohibía actividades mineras en zonas glaciares.
Cambios Ley de Glaciares
Entre los cambios más relevantes destaca la redefinición del objeto protegido: sólo se protegerán aquellas zonas que demuestren una "función hídrica específica" comprobable. Además, la reforma permite la autorización de actividades mineras si no afectan significativamente esa función. Organizaciones como FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas han presentado una demanda colectiva alegando que la medida pone en peligro el suministro de agua para millones de habitantes, sobre todo en regiones áridas donde el deshielo regula el caudal de los ríos.
"Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce; cualquier debilitamiento de su protección repercute directamente en la seguridad hídrica de la población", advirtió un representante de la asociación.
Futuro Ley de Glaciares
Se anticipa que la demanda colectiva impulse acciones judiciales que podrían detener o modificar la aplicación de la reforma. Mientras tanto, las provincias deberán elaborar sus propios planes de gestión, lo que podría generar una patchwork regulatorio con normas más laxas en algunas áreas y restricciones más estrictas en otras. El escenario plantea riesgos de disminución del caudal de ríos y de la disponibilidad de agua en zonas que ya enfrentan sequías prolongadas.
Esta reforma se inserta en un contexto de cambios climáticos que ya afectan a otros ecosistemas, como se vio recientemente en la depredación masiva de bacalao en el Ártico y en la acelerada subida de la vegetación alpina del Himalaya según datos satelitales. La decisión del Congreso, por tanto, no solo redefine la gestión de los glaciares, sino que también plantea un debate nacional sobre cómo equilibrar desarrollo económico y preservación de recursos vitales.
En los próximos meses, los tribunales decidirán si la demanda colectiva tiene fundamento suficiente para frenar la delegación de competencias. De confirmarse los temores, el país podría enfrentar nuevas restricciones a proyectos productivos en zonas glaciares y una revisión de la política hídrica nacional.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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