El Gobierno aprobó el 20 de marzo un decreto que permitía prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre 2027, con un límite del 2 % en la actualización anual. La norma entró en vigor el mismo día y fue rechazada por el Congreso el 19 de abril, tras la oposición del PP y Vox y la abstención del PNV.
Fallo del decreto de prórroga de alquileres en España
El texto legislativo sólo se mantuvo activo 30 días, tiempo insuficiente para que los arrendatarios pudieran tramitar la moratoria. La medida buscaba evitar desalojos masivos y estabilizar el mercado, pero la falta de consenso político provocó su caída inmediata.
Impacto inmediato en los inquilinos vulnerables
Según Oxfam Intermón, 1,2 millones de contratos de alquiler están en riesgo durante los próximos dos años, de los cuales 630 000 expiran en 2026. Los precios de los alquileres han subido un 52 % desde 2021, mientras los ingresos familiares apenas un 23 %, lo que eleva la carga financiera del inquilino del 35 % al 62 % del salario.
«No tengo dinero para marcharme a ningún lado», confiesa Darío Gey, 65 años, residente en Valsequillo (Gran Canaria). Con ingresos de 480 euros mensuales, destina 300 euros al alquiler y tuvo que solicitar un burofax de 32 euros para intentar asegurar su vivienda.
«Nos han dado una esperanza que ahora está en manos de los jueces», afirma César Sanjuán, 55 años, de Carabanchel (Madrid). Tras 20 años en su piso, enfrenta la presión de fondos inmobiliarios y la necesidad de acudir a la vía judicial para ganar tiempo.
Perspectivas y próximos pasos para los arrendatarios
Los ministros, entre ellos Yolanda Díaz, han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga mientras se exploran vías judiciales para suspender los desalojos. La presión política se intensifica, y el Gobierno estudia una nueva medida que pueda contar con el apoyo parlamentario o, en su defecto, negociaciones directas con los propietarios.
El futuro del alquiler dependerá de la capacidad del Ejecutivo para articular una solución que equilibre los intereses de arrendatarios y propietarios, evitando una escalada de la crisis habitacional que ya afecta a millones de españoles. Vivienda: Niño Becerra califica absurdo el plan de 94.000 nuevas casas
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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