Qué hacer ante el acoso laboral: la guía del abogado Ignacio de la Calzada
El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha precisado que, al recibir una denuncia de acoso, la empresa está obligada a activar el protocolo interno previsto por la normativa (Muniesa advierte la ralentización del crédito bancario español tras fuerte repunte del 13 %)).
Es fundamental distinguir si el agresor es un compañero, un superior jerárquico o el propio dueño, porque cada caso sigue una vía distinta. El abogado subraya que la confusión entre tensiones habituales y acoso real puede retrasar la actuación legal.
Pasos concretos para denunciar el acoso en la empresa
El trabajador debe notificar por escrito la conducta que considera acoso. La recomendación más segura es enviar un burofax a Recursos Humanos o, en su ausencia, a la dirección, guardando copia del envío y del contenido.
Una vez recibida la notificación, la empresa debe iniciar el procedimiento, designar un responsable, recabar pruebas y ofrecer medidas cautelares dentro de los plazos legales. Si el responsable es un compañero o un superior jerárquico, el proceso interno es obligatorio y debe concluir con un informe que se entrega al trabajador.
Cuando el agresor es el propio dueño, el trabajador puede acudir directamente a la vía judicial y solicitar el autodespido. Este recurso se fundamenta en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite la extinción del contrato por incumplimiento grave del empleador, garantizando la indemnización correspondiente.
El burofax debe detallar fechas, hechos y testigos, y enviarse con acuse de recibo. Esa constancia es la base para cualquier reclamación posterior y para demostrar que la empresa fue informada.
Marco legal español sobre acoso laboral
El Ministerio para la Transformación Digital y el Ministerio de Igualdad exigen a todas las empresas la adopción de políticas escritas de prevención, canales de denuncia y protocolos de actuación contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo. Los guías y materiales oficiales están disponibles en sus portales y se citan en publicaciones como la de los billetes de alta velocidad (Billetes 5 euros Ouigo).
Ambos ministerios establecen sanciones para las compañías que no activen el protocolo tras una denuncia: pueden ser multadas y el incumplimiento faculta al trabajador a reclamar un despido improcedente, con derecho a la indemnización legal.
El incumplimiento del protocolo también permite al trabajador presentar una demanda por vulneración de la normativa de igualdad, lo que puede derivar en costas judiciales para la empresa.
En la práctica, la clave está en documentar la denuncia y seguir el procedimiento establecido. Un trabajador bien informado puede evitar una dimisión sin derechos y, en caso necesario, obtener la compensación que la ley le reconoce.
Si la empresa no actúa, el trabajador puede presentar la solicitud de autodespido ante el Juzgado de lo Social, aportando el burofax y cualquier evidencia adicional. La justicia suele reconocer el despido como improcedente y ordenar la indemnización correspondiente.
Este marco protege la dignidad en el trabajo y obliga a las organizaciones a responder con rapidez y transparencia ante cualquier señal de acoso.
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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