Resumen de la acción judicial
CGT ha presentado un recurso contencioso‑administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Departament d'Interior de la Generalitat. El recurso se basa en la presencia de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en la asamblea de docentes del 6 de mayo en el Institut Pau Claris de Barcelona. La petición judicial busca identificar quién ordenó el operativo, bajo qué condiciones y cuál era el riesgo evaluado.
La abogada de la federación de Educación del sindicato, Mireia Salazar, ha precisado que la acción se dirige a la dirección general de los Mossos. La consellera de Interior, Núria Parlon, ya ha pedido disculpas, calificando la infiltración como un "error por inercia".
Detalles del caso y demandas de la CGT
El sindicato alega una violación de derechos fundamentales: huelga, libertad sindical y expresión. Según Salazar, la actuación policial con agentes de paisano vulneró la protección del derecho a la reunión y a la protesta legítima de los docentes presentes. La CGT exige la entrega de la documentación de infiltraciones realizadas en los últimos diez años, argumentando que los profesionales tienen derecho a conocer esas circunstancias.
En la misma línea, la abogada Mireia Bazaga ha solicitado a la comisaría general de información de los Mossos los archivos de operativos en reuniones, asambleas y movilizaciones del sindicato durante la última década. La petición surge tras la comparecencia del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la consellera Parlon ante la comisión del Parlament, donde se explicaron los pormenores del operativo.
La secretaria general de Educación de la CGT, Laura Gené, ha defendido la medida como necesaria para garantizar la protección de los derechos de reunión y sindicales. Además, ha señalado que, aunque no descarta una causa conjunta con otros sindicatos en el futuro, la prioridad actual es resolver el conflicto con el Departament d'Educació y la Formación Professional.
Posibles consecuencias y próximos pasos
El recurso será examinado por el TSJC, que decidirá si procede anular el operativo y ordenar la entrega de la documentación solicitada. Una sentencia favorable a la CGT podría obligar al Govern a revisar sus protocolos de seguridad en actos sindicales y a transparentar los historiales de infiltración.
El Govern, que ya ha pedido disculpas, podría intentar un acuerdo extrajudicial para evitar una larga batalla legal. En caso de que el tribunal estime que la actuación policial fue desproporcionada, el Departament d'Interior tendría que responder ante la justicia y, potencialmente, frente a la opinión pública, que muestra creciente preocupación por la vigilancia de actividades sindicales.
Otros sindicatos del sector educativo podrían sumarse al recurso, lo que ampliaría la presión sobre el Govern. La respuesta institucional también influirá en la percepción de la ciudadanía sobre la gestión de la seguridad interna y la garantía de derechos civiles en Cataluña.
"Tenemos derecho a saber quién nos vigila y bajo qué criterios", ha reiterado Bazaga en declaraciones recientes. La evolución del caso será seguida de cerca por la comunidad docente y por los partidos políticos que vigilan la defensa de los derechos laborales.
Infiltración policial en asamblea docente: Parlon ordena abrir información reservada y Mosso d'Esquadra acusado de agresión sexual en Rajadell y de narcotizar a otra joven aparecen como referencias vinculadas al contexto de vigilancia policial en la región.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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