Nueva normativa obliga inspecciones de ascensores y puede generar derramas de hasta 40.000 €
El Real Decreto 355/2024, publicado el 2 abril y vigente desde el 1 de julio, establece la instrucción técnica complementaria ITC AEM 1. Esta norma obliga a revisar y adaptar los ascensores existentes en comunidades de propietarios, y prevé que la derrama para financiar las obras pueda alcanzar los 40.000 €.
La medida afecta a todas las comunidades que gestionan ascensores, ya sea por su existencia o por la obligación de instalar uno cuando lo solicite una persona con discapacidad o mayor de 70 años. La normativa no exige la sustitución total de los aparatos, pero sí la corrección de cualquier deficiencia detectada en inspecciones, reformas importantes o incidencias de seguridad.
Qué exige la ITC AEM 1 y cómo afecta a las comunidades de propietarios
Entre los requisitos técnicos destacan la parada nivelada de la cabina, la protección contra el cierre de puertas, la instalación de un sistema de comunicación bidireccional para pedir ayuda y el control de sobrecarga. También se exige la sustitución de componentes obsoletos, como guías de madera o cilindros que ya no cumplen los estándares actuales.
La periodicidad de las inspecciones varía según el tipo de edificio: en instalaciones industriales o de pública concurrencia la revisión es cada dos años; en edificios con más de veinte viviendas o más de cuatro plantas, cada cuatro años; y en el resto, cada seis años. La comunidad, como titular del ascensor, debe contratar un servicio de mantenimiento, conservar la documentación y encargar la inspección a una empresa distinta de la que realiza el mantenimiento, tal y como indica la norma.
Perspectivas: costes, plazos y repercusiones para los vecinos
El coste de la adaptación depende del estado del aparato. Ajustes menores pueden rondar los 1.000 €, mientras que una reforma profunda en un ascensor muy antiguo puede superar los 40.000 €. España cuenta con 1.199.896 ascensores según el censo a 31 de diciembre de 2024, y Cataluña lidera con 215.374 unidades.
Cuando la necesidad de instalar o adaptar un ascensor proviene de una persona con discapacidad o mayor de 70 años, la Ley de Propiedad Horizontal obliga a la comunidad a financiar la obra siempre que el gasto anual, descontadas las ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Esta condición obliga a los administradores a planificar con antelación los presupuestos y a buscar posibles subvenciones, como las que ofrece el Ministerio de Industria y Turismo para mejoras de accesibilidad.
Para los vecinos, la normativa implica una mayor carga financiera pero también una mejora significativa en seguridad y accesibilidad. Las derramas pueden repartirse entre todos los propietarios o, en casos de mayor necesidad, recaer en una parte proporcional mayor. La gestión de la comunidad deberá aprobar los presupuestos en junta y establecer plazos de ejecución que eviten retrasos.
En el contexto de la inversión inmobiliaria, la adaptación de ascensores se vuelve un factor clave para la valorización de los edificios. Como señala el artículo sobre la inversión de EM&E en Alovera, la modernización de infraestructuras aumenta la competitividad de los inmuebles, y la nueva normativa acelera ese proceso.
Asimismo, la industria del automóvil muestra cómo la planificación a largo plazo puede generar ahorros y eficiencia. La reciente decisión de Stellantis de destinar 60.000 millones de euros a nuevos modelos ilustra la importancia de anticiparse a cambios regulatorios, una lección aplicable a las comunidades que deben adaptar sus ascensores.
En los próximos meses, los administradores de fincas recibirán notificaciones de inspección y deberán elaborar los planes de obra. La falta de cumplimiento puede acarrear sanciones y, sobre todo, poner en riesgo la seguridad de los usuarios, especialmente de los mayores y personas con movilidad reducida.
En resumen, la ITC AEM 1 supone una obligación clara y un reto financiero para las comunidades, pero también una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los residentes y aumentar el valor de los inmuebles. La clave estará en una gestión anticipada, la búsqueda de ayudas públicas y la comunicación transparente con todos los propietarios.
