Decisión judicial
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la retirada de una pensión no contributiva a una mujer que la percibía desde 2015. La sentencia obliga a la beneficiaria a devolver 22.918 €, la totalidad de las cantidades percibidas desde que la ayuda dejó de cumplir los requisitos.
La resolución se basa en una revisión administrativa realizada en 2023, que detectó que el hijo de la pensionista estaba empadronado en la misma vivienda desde 2020. Al considerarse una unidad económica, los ingresos del hijo se sumaron a los de la madre, superando el umbral legal para mantener la prestación.
Motivo del revés
La normativa de pensiones no contributivas establece que el derecho a la ayuda depende de los ingresos totales de la unidad de convivencia. Cuando el hijo se empadronó en la residencia familiar, la administración interpretó que sus rentas debían incluirse en el cálculo.
Al cruzar los datos en 2023, se constató que los ingresos combinados excedían el límite fijado, lo que llevó a la extinción de la pensión y a la reclamación de las cantidades percibidas desde entonces.
Procedimiento y devolución
La administración de los Servicios de la Junta de Castilla y León notificó a la beneficiaria la extinción de la ayuda y la obligación de devolver los 22.918 € acumulados. La mujer presentó recurso, que llegó al TSJ, donde se confirmó la decisión inicial.
