Audiencia de Valencia reabre causa contra el excomisionado del Gobierno para la DANA
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado los recursos presentados por Manos Limpias, la Fiscalía y la Diputación de Valencia presidida por Vicente Mompó, revocando el sobreseimiento del 8 de octubre y ordenando la reapertura de la causa contra José María Ángel por presunta falsificación de su título académico. La decisión se tomó en Valencia el 8 de abril de 2026 y marca un punto de inflexión en la investigación que había sido archivada por prescripción.
Antecedentes judiciales y recursos interpuestos
El proceso judicial comenzó con la denuncia de Manos Limpias en 2025, que alegó que el excomisionado había presentado un título universitario inexistente para acceder a la comisión del Gobierno para la DANA. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia dictó el 8 de octubre un sobreseimiento libre, argumentando que los hechos estaban prescritos desde hacía más de 30 años. Ante esta resolución, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, mientras que la Diputación de Valencia, bajo la dirección de , presentó un recurso adicional solicitando la revisión del cómputo de la prescripción. Los tres recursos fueron estimados por la Audiencia, que consideró que la falta de claridad sobre los hechos impide aplicar la regla de prescripción.
Argumentación jurídica sobre la prescripción y las prórrogas del servicio activo
La Audiencia citó jurisprudencia que establece que, cuando un funcionario solicita prórrogas en el servicio activo, debe acreditar la titulación que justifica su continuidad. En el caso de José María Ángel, la documentación aportada por la Diputación indica que solicitó prórrogas en 2023 y 2024, lo que sugiere que el título habría sido utilizado como requisito para dichas extensiones. El tribunal sostuvo que "cada vez que el funcionario pide a prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto". Al no existir una declaración explícita del denunciado sobre la veracidad de su título, la Audiencia concluyó que no se dispone de la claridad necesaria para fijar el momento exacto de inicio de la prescripción, por lo que el auto de sobreseimiento queda sin efecto.
Implicaciones institucionales y políticas de la reapertura
La reapertura del caso genera varias repercusiones en el ámbito institucional y político:
Diputación de Valencia: la decisión refuerza la necesidad de revisar los procesos de selección y promoción interna, lo que podría impulsar reformas en la normativa de recursos humanos.
Manos Limpias: la estimación de sus recursos fortalece su papel como organismo de control y vigilancia anticorrupción, incrementando su visibilidad pública.
Percepción pública del Gobierno regional: la noticia alimenta el debate sobre la credibilidad de los cargos públicos, especialmente en áreas de gestión de emergencias como la DANA. "La confianza de la ciudadanía se ve afectada cuando se ponen en duda los méritos de quienes gestionan recursos críticos", comentó un analista de la administración pública.
Estos efectos se insertan en un contexto más amplio de escrutinio a la gestión de la DANA, como se refleja en la reciente denuncia de la jueza de la DANA sobre la ausencia de avisos y la paralización del Cecopi Jueza de la DANA denuncia ausencia de avisos y paralización del Cecopi tras las inundaciones de Valencia. La reapertura, por tanto, no solo afecta al individuo implicado, sino que también podría influir en la agenda política de la Generalitat y en la presión sobre los órganos de control interno.
Perspectivas y próximos pasos de la instrucción judicial
Con la orden de iniciar la instrucción, el proceso judicial seguirá varias fases: (i) citación del denunciado José María Ángel para la toma de declaración; (ii) solicitud de documentos complementarios a la Diputación y a la universidad presuntamente certificadora; (iii) informes periciales sobre la autenticidad del título. Los plazos estimados, basados en casos similares de falsificación documental, suelen oscilar entre seis y doce meses para la fase de instrucción. Dependiendo de los hallazgos, la Audiencia podría dictar una imputación, archivar la causa o imponer una sanción administrativa. En escenarios anteriores, la duración total del proceso ha alcanzado hasta dos años, especialmente cuando se trata de funcionarios con historial de prórrogas continuas. La evolución del caso será seguida de cerca por los actores institucionales y por la ciudadanía, que espera una resolución clara y transparente.
Este artículo forma parte de la cobertura continua de Noticias de Última Hora sobre la política y la justicia en la Comunidad Valenciana.
