Retraso de la transposición de la directiva europea
España no ha aprobado la directiva europea 2023/970 antes del plazo del 7 de junio. El proyecto de real decreto sigue sin redactarse, lo que mantiene los salarios bajo el secreto habitual. La norma exigirá a las empresas publicar rangos salariales y criterios de retribución para cerrar la brecha de género. Mientras tanto, los trabajadores siguen sin acceso a esa información.
Impacto del aplazamiento y reacción de empresas y sindicatos
Aun sin la directiva, España cuenta con los decretos 901 y 902 de 2021, que obligan a registros salariales y auditorías de género. Estas exigencias ya han impulsado revisiones internas en grandes compañías. Naturgy lleva dos años preparando su respuesta; la brecha salarial de género pasó del 11,8 % al 8,34 % el año pasado. "La Directiva impulsa una línea de trabajo en la que llevamos dos años" afirma María José Sánchez, directora de Diversidad, Cultura y Liderazgo. ING ya publica su política retributiva y la banda salarial media a sus empleados. "Somos transparentes. El mánager comunica a su equipo si está por encima o por debajo de la banda salarial media" indica Blanca Rodríguez, responsable de Compensación y Beneficios. Las pymes temen que la obligación de publicar salarios revele diferencias no justificadas y genere conflictos internos. Piden una implantación gradual y apoyo técnico para cumplir la norma. Los sindicatos valoran los registros actuales, pero advierten que la ausencia de la directiva europea debilita la presión sobre las empresas. Exigen que el Gobierno acelere la tramitación legislativa.
