
Vivienda: la falta de consenso bloquea la solución al problema habitacional
España no avanza en la crisis de la vivienda porque no hay acuerdo sobre qué es el problema; la polarización entre propietarios y arrendatarios lo hace imposible.
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España no avanza en la crisis de la vivienda porque no hay acuerdo sobre qué es el problema; la polarización entre propietarios y arrendatarios lo hace imposible.

La comunidad de vecinos puede iniciar una acción de cesación y el juez puede prohibir al arrendador usar la vivienda hasta tres años si no detiene las fiestas del inquilino.

El Gobierno ha puesto en marcha el Real Decreto‑ley 8/2026, que permite a los inquilinos solicitar una extensión de hasta dos años en los contratos que expiren antes del 31‑12‑2027. La medida busca estabilizar el mercado y limitar la subida anual de la renta al 2 %.

La Comunidad de Madrid aprueba una Ley de Medidas Urgentes para crear más de 18.000 viviendas protegidas en cuatro años, marcando su respuesta al Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030.

El Gobierno aprobó el 21 de abril de 2026 una ayuda de hasta 4.500 € para que menores de 35 años accedan a viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, pese a la escasa oferta de este tipo de pisos.

Activistas del Sindicato de Inquilinas arrojaron panfletos desde la tribuna mientras intervenía la diputada del PP **Águeda Micó**; el gesto se produce a una semana de la votación del real decreto que prorroga los alquileres hasta 2027.

Junts per Catalunya ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que plantea una deducción del 15 % en el IRPF por gastos de alquiler o hipoteca, con un tope de 11 630 € anuales, como respuesta al Real Decreto‑ley 8/2026 impulsado por Sumar.

El Banco de España advierte que un millón de familias con ingresos bajos están en riesgo financiero, una señal de creciente desigualdad que afecta al acceso a la vivienda y al patrimonio.

El Banco de España informa que el porcentaje de hogares propietarios disminuyó a **70,6 %** a finales de 2024, una baja de **‑1,5 puntos** en dos años, lo que sitúa a España en su nivel más bajo desde 2004.

Denuncian pisos en el centro de Valencia que se alquilan por 800 € pero carecen de suministro eléctrico legal y agua caliente, en medio de una fuerte escasez de alquileres.

El responsable de la Consejería de Vivienda reconoce haber asignado un piso protegido a su pareja y se disculpa, mientras la causa investiga 140 expedientes sospechosos en la urbanización alicantina.

Una empresa de desokupación entró en la casa de Carmen el 16‑dic sin orden judicial, agrediendo y robando sus pertenencias, pese a que su contrato de alquiler sigue vigente hasta 2027.